Aeropuerto de Barcelona en el Delta del Llobregat. Alexandra Mestre Garcia
Investigadores y activistas del decrecimiento ofrecemos nuestra perspectiva ante las propuestas de la campaña “España puede ser la hostia”, que percibimos como relevantes pero contradictorias entre sí. Abogamos por la reducción de la demanda energética con criterios de justicia social y global como única vía para una transición ecosocial justa, transformando el sistema económico y cultural.
¿Puede ser la hostia?
El 27 de octubre de 2026, varios medios publicaban artículos sobre la campaña “España puede ser la hostia”, lanzada de cara a las elecciones generales del 29-N. Detrás está Hope!, una organización sin ánimo de lucro liderada por el divulgador ambiental Javier Peña (conocido por su serie documental homónima en TVE).
La propuesta estrella de la campaña es crear un “Fondo Generacional de la Energía” inspirado en el fondo soberano noruego, que se nutre de las ganancias del petróleo y el gas del mar del Norte y sostiene buena parte del Estado del bienestar del país. La versión española se financiaría con el sol y el viento. Calculan que en 2050 se podrían generar más de 12.500 millones de euros al año, cuya mitad se reinvertiría en acciones y bonos globales, y la otra mitad en rehabilitación energética de viviendas y en construir o recuperar vivienda pública de alquiler tasado. De ahí saldría, según sus cuentas, recursos para cubrir un 4,6 % de las pensiones a partir de 2050. A ello añaden seis millones de hectáreas de agricultura regenerativa en 2030 y renaturalización, lo que permitiría luchar contra la despoblación rural.
El marco discursivo es explícito: dejar de hablar del coste de no actuar y hablar de las ventajas de actuar. “Parece que no hay futuro, pero sí lo hay”, resume uno de los promotores. Junto a las propuestas en torno a la energía, la campaña moviliza con entusiasmo los cambios tan necesarios en las prácticas agrícolas o la protección y regeneración de ecosistemas bajo un relato de esperanza y posibilidad.
La cuestión es qué hay detrás de este relato y qué implica en la práctica para quienes miramos la crisis ecológica desde el decrecimiento; es decir, desde la idea de que no se puede sostener un crecimiento económico indefinido en un planeta finito, y que la política climática no puede ser un añadido a la economía, sino una reconsideración de esta. En este sentido, observamos una brecha clara entre las intenciones de la campaña y su traducción a propuestas.
Los impulsores de la campaña (Hope! y organizaciones como Instituto Meridiano) han venido defendiendo una transición energética basada en el despliegue de las energías renovables a gran escala, poniendo el énfasis en las posibilidades técnicas de las energías renovables industriales. Si bien la discusión sobre las tecnologías a emplear es relevante, las dimensiones sociales y políticas de este cambio quedan completamente al margen. De hecho, desde estas posiciones está siendo común evitar hacer cualquier mención al extractivismo que supone la electrificación del actual nivel de consumo energético y la creación de más zonas de sacrificio en territorios subordinados.
Los proponentes de esta campaña enuncian como “economía, sostenibilidad e igualdad no tienen porqué entrar en contradicción sino que pueden reforzarse mutuamente”. Sin embargo, este relato no deja de parecerse al de grandes corporaciones y del oligopolio energético, que mantienen vivo el imaginario de que “la economía” es algo separado de los procesos naturales. A su vez se asume que el crecimiento económico y la expansión de la riqueza acabará con la desigualdad, dejando de lado cualquier cuestión relativa a la clase, lo que impide señalar a los mayores responsables de las crisis que vivimos.
Esta narrativa es obviamente más atractiva para el poder corporativo establecido porque no cuestiona su posición, pero nos impide articular una respuesta a las crisis actuales que atienda cuestiones cruciales para abordarlas como son la propiedad, la distribución y quién controla qué se produce, cómo, para qué y para quién. De hecho, la hipótesis del decrecimiento es que nuestras sociedades ya poseen la capacidad de garantizar una vida buena para todas las personas, sin necesidad de seguir acelerando ni expandiendo la producción si la economía se centra en la satisfacción de necesidades y no en la acumulación de beneficios. Una idea con un alto apoyo según los primeros estudios integrales al respecto.
La transición energética no puede ser más y más y más
El plan supone financiar masivamente al oligopolio energético: el Estado entra como socio inversor con un 30 % en cada nueva planta renovable y de almacenamiento, reduciendo así el riesgo de la inversión privada. El hecho es que al oligopolio no le importa poner renovable industrial mientras su poder no se toque y siga circulando capital a nivel global para cualquier tipo de proyecto —renovable o no— con sus continuas prácticas extractivistas. El impacto de esas prácticas está documentado en el Atlas Global de la Justicia Ambiental, con decenas de casos de conflictos ambientales donde tienen presencia Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o Total entre otras, principalmente en el Sur Global.
En la COP 28, no casualmente en Dubai, más de 120 países se comprometieron a triplicar la capacidad instalada de renovables entre 2022 y 2030, sin una propuesta paralela para reducir el consumo de combustibles fósiles. Podemos triplicar la capacidad de renovables, pero será en vano si seguimos aumentando el consumo de petróleo para proveer la creciente demanda de energía. Aunque en determinados usos hay sustitución parcial de fuentes, en términos globales lo que se aprecia es una adición de fuentes con un aumento sostenido del uso de las fósiles y de las renovables, como argumenta Jean-Baptiste Fressoz. Además, la evidencia científica es sólida en torno a la imposibilidad de desacoplar las emisiones e impactos ecológicos del crecimiento económico a la velocidad y escala necesarias.
Un fondo de inversión estatal como el que se propone debería incorporar un cambio de paradigma respecto a la producción y al consumo. Basar el futuro colectivo en inversiones expansionistas, operando dentro de las lógicas de mercado no solo no será efectivo para reducir el consumo fósil, sino que no será suficientemente rápido, dado que la inversión bajo el sistema actual se guía por los beneficios previstos y no por los costes. Es por ello que a pesar de su coste menor, la inversión privada sigue yendo masivamente a energías fósiles porque las renovables generan menor rentabilidad, como documenta en gran detalle Brett Christophers en The Price is Wrong.
Por eso tiene poco sentido condicionar la creación de comunidades energéticas a su rentabilidad, como se propone. ¿Qué queda de un territorio cuando son las grandes eléctricas y el capital quienes planifican desde arriba, como ya está pasando? El plan tendría mucho más sentido si hablase de nacionalización y control democrático del sector energético para su reconversión, junto al apoyo directo a la energía comunitaria. Además en un contexto de militarización y uso generalizado de la IA, puede darse la paradoja de que el despliegue renovable industrial nutra a la industria militar o a grandes centros de datos en lugar de a los hogares y servicios esenciales, al no discriminar entre los distintos usos que se da a la energía. En este sentido, nuestra crítica no se dirige al rechazo a la inversión en energías renovables por principio, sino a su subordinación a una lógica expansionista que perpetúa la función de las energías renovables como vehículo de acumulación, sin priorizar las necesidades básicas de la población. Existen formas de abordar la implementación de renovables que hacen posible el suministro de proximidad bajo control público y comunitario, mediante la inversión orientada a la suficiencia en lugar de al mercado. Una fundamental es hacer efectivo el potencial del autoconsumo individual y colectivo en los tejados de viviendas y edificios públicos, vinculándola a la rehabilitación energética, y la reducción de la demanda en el marco de una planificación democrática de la transición energética.
Algo parecido ocurre con las propuestas de vivienda expuestas en la campaña de “España puede ser la hostia”, condicionadas a los mecanismos de mercado expuestos y donde la construcción de nueva vivienda se impone a la redistribución del parque existente, algo también alejado de las propias demandas de la Confederación del Sindicato de Inquilinas.
Hacia un terreno común por la regeneración, más allá del crecimiento y las soluciones de mercado
El punto de encuentro más claro está en la regeneración y restauración de ecosistemas. No obstante, los planteamientos expuestos en este plano (recuperación de la fertilidad del suelo, repoblamiento rural, incorporación de grandes herbívoros…) son incompatibles con el despliegue indiscriminado de grandes plantas fotovoltaicas y parques eólicos, y con los intercambios desiguales internos y globales que conllevan. Esto es algo claramente presente en la “misión energía” propuesta, que en ningún momento menciona la necesidad de una reducción de la demanda energética, más allá de proponer técnicas como la agrovoltaica, que pueden ser beneficiosas en casos concretos, pero que no solucionan por sí mismas el problema.
En agricultura, pensamos que el foco no debe estar en “mejorar la rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderos”, sino en hacer posible vidas dignas en el campo, favoreciendo la sostenibilidad socioeconómica de la agricultura campesina y familiar de base agroecológica. A corto plazo eso puede implicar mejorar la rentabilidad en sentido estricto al dejar de usar insumos fósiles por ejemplo, pero el objetivo no debe ser la valorización monetaria. Que los principios agroecológicos desaparezcan del relato —ni se menciona la agroecología en el documento— es un movimiento muy arriesgado, teniendo presente el proceso de cooptación que ya está habiendo sobre la idea de “agricultura regenerativa”.
Un camino por delante
En nuestra opinión, la campaña de “España puede ser la Hostia”, a pesar de traer algo de oxígeno en estos tiempos difíciles y movilizar el debate público, no deja de ser un proyecto basado en la idea del crecimiento perpetuo y la ilusión de que es posible afrontar la situación sin atender a los conflictos sociales que la crisis ecológica está haciendo presente. Se trata del mismo modelo que nos ha traído hasta aquí, con ciertos retoques, pintado ahora de verde y de regeneración.
Poner el foco en monetizar un común como es la energía solar supone un riesgo claro al favorecer el sostenimiento y lavado verde de lógicas capitalistas actuales. En el mismo sentido, defender que la vía a seguir se base exclusivamente en soluciones técnicas, no va a activar la movilización y organización social sin precedentes que necesitamos. Nos sigue relegando a la impotencia colectiva, ya que las causas profundas relativas al funcionamiento del sistema económico quedan sin abordar.
La esperanza es necesaria, y coincidimos en ello, pero ha de tomar forma en proyectos de transformación que se atrevan a ir a la raíz de los problemas. De esta manera, consideramos fundamental poner sobre la mesa propuestas que desde la ecología política y el decrecimiento hemos venido trabajando, que sintetizamos en la publicación realizada desde Research & Degrowth en el marco de las elecciones generales del 29N. Conscientes de los puntos de encuentro y de los diálogos a seguir teniendo, hacemos un llamamiento a un programa común basado en el decrecimiento, en una abundancia de lo que nos nutre, sana y hace felices dentro de los límites inescapables de nuestra propia existencia humana y planetaria.
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* Hugo Abad Frías (Miembro de Research & Degrowth International [R&D]), Giorgos Kallis (investigador principal de REAL en ICTA-UAB, miembro de R&D), Aljoša Slameršak (Investigador de REAL en ICTA-UAB, miembro de R&D), Jason Hickel (investigador principal de REAL en ICTA-UAB), Marta Conde (investigadora del GEO3BCN-CSIC, Miembro de R&D) Ana Díaz-Vidal (investigadora de MAPS en la UB, miembro de R&D) Federico Arcuri (miembro de R&D), Marula Tsagkari (Investigadora de REAL en ICTA-UAB, miembro de Research & Degrowth), Filka Sekulova (Investigadora en la UOC, miembro de R&D), Giacomo D’Alisa (Investigador de REAL en ICTA-UAB, miembro de R&D), Christos Zografos (Investigador de GREDS-EMCONET en la UPF), Lucía Muñoz Sueiro (Investigadora de REAL en ICTA-UAB, miembro de Research & Degrowth), Carolina Yacamán (profesora del departamento de Geografía de la UAM y coordinadora del Grupo en investigación en humanidades ecológicas [GHECO]), Carmen Madorrán (profesora en el Departamento de Filosofía de la UAM, miembro de GHECO), Jorge Riechmann (profesor de Ética y Filosofía política en el Departamento de Filosofía de UAM, miembro de GHECO).