Caminamos hacia la Conferencia de Santa Marta y hacia el Primero de Mayo con propuestas que buscan abrir horizontes de transformación profunda para abordar la crisis ecosocial en un contexto de guerra y genocidio. Desde Research & Degrowth hemos estado trabajando en una propuesta que sintetiza las condiciones que consideramos necesarias para una transición ecosocial justa que ponga la vida en el centro. Este texto recoge las ideas clave, que son parte de la contribución que Research & Degrowth ha hecho al proceso de la Conferencia de Santa Marta como entidad de la sociedad civil.

Un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles alineado con el decrecimiento

Un tratado que comprometa a los países a eliminar progresivamente los combustibles fósiles no solo es difícil de negociar, sino que es estructuralmente imposible dentro del sistema económico que tenemos hoy. Ese sistema se basa en una única exigencia no negociable: el crecimiento perpetuo del consumo y la producción. Hemos llegado a creer que sin ese crecimiento no podemos garantizar el bienestar básico ni la estabilidad económica. Pero este crecimiento es estructuralmente dependiente del uso generalizado de combustibles fósiles.  Son el motor que ha mantenido en marcha la maquinaria del crecimiento.

Nuestro punto de partida es claro: un tratado internacional que comprometa a los países a eliminar progresivamente los combustibles fósiles, como el necesario Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, no puede materializarse dentro del sistema económico actual. Este sistema se basa en una exigencia no negociable: el crecimiento perpetuo. Los combustibles fósiles no son simplemente una fuente de energía; son el motor físico de esa expansión constante. Intentar eliminarlos sin transformar la lógica económica que los sostiene no es solo difícil, sino estructuralmente inviable. No se puede eliminar el motor sin cambiar la máquina que lo impulsa.

Por eso, el desafío no es técnico, sino profundamente político y económico. Requiere construir economías que no dependan del crecimiento. Para países como los nuestros en el Norte Global, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas implica afrontar una verdad incómoda: Necesitamos iniciar una reducción planificada y democrática de nuestras economías sobredimensionadas y voraces en energía. Tenemos que abandonar lo que se ha llamado un “modo de vida imperial”, una forma de vida que depende de forma estructural de recursos y mano de obra barata del resto del mundo, apoyando activamente a los países de la mayoría global para que se liberen de un sistema mundial que los obliga a organizar su producción en torno a las exportaciones hacia los países ricos, encadenándolos al modelo extractivista del que ahora necesitamos salir. En este sentido, un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles debe incluir objetivos vinculantes de contracción y convergencia que reconozcan explícitamente la responsabilidad histórica y la deuda ecológica desigual del Norte Global.

Los combustibles fósiles no son una fuente de energía neutral; son una tecnología política y social. Se expandieron, en primer lugar, para permitir que una pequeña élite de personas ricas acumulara poder. Como ha documentado Andreas Malm, el paso al carbón estuvo impulsado históricamente por el deseo de la clase capitalista de disciplinar y desplazar a una fuerza de trabajo cualificada que tenía poder sobre la producción, permitiendo centralizar el control en fábricas en lugar de talleres artesanales. Esta lógica se extendió con el petróleo, que, como muestra el trabajo de Timothy Mitchell sobre la democracia del carbono, permitió obtener energía de lugares geográficamente distantes, desterritorializando la producción y debilitando el poder estratégico de los movimientos laborales en Europa. Esta desindicalización fue una característica deliberada, no un fallo, de la construcción de una economía basada en combustibles fósiles. El resultado es una sociedad profundamente antidemocrática, donde decisiones energéticas esenciales son tomadas por corporaciones y élites lejanas, y donde los trabajadores son despojados del poder estructural que alguna vez tuvieron. Toda esta arquitectura fue creada para servir a un único objetivo dominante: la búsqueda incesante del crecimiento económico en favor de la acumulación de capital. La extracción de combustibles fósiles fue, y sigue siendo, el principal motor físico de un sistema que exige una expansión perpetua. Por lo tanto, cualquier intento serio de eliminar los combustibles fósiles debe desmantelar simultáneamente las estructuras de poder que estos sostienen y cuestionar la lógica económica obsesionada con el crecimiento que fue impulsado por su extracción.

Políticas sociales y laborales para poder acabar con la economía fósil

Una eliminación rápida de los combustibles fósiles alterará economías y medios de vida. Para construir consenso político y asegurar una transición justa proponemos un paquete integral de políticas. En este sentido, proponemos un marco articulado en tres pilares, que se basa en la creciente evidencia del potencial de transformación económica y de activación política de las políticas sociales y laborales como precondición para una desescalada rápida de una economía fósil en guerra con la vida. Estas políticas se encuentran desarrolladas en el Informe sobre Transición Ecosocial Justa en el Estado español recientemente publicado por Research & Degrowth, que pueden ser contextualizadas en diversas realidades.

En primer lugar, una Garantía de Empleo Público que cree trabajos útiles y significativos, reduzca la jornada laboral y establezca estándares laborales dignos, al tiempo que impulsa sectores clave como las energías renovables descentralizadas, la agroecología, la restauración ecológica, la rehabilitación de edificios y los cuidados. Este instrumento permite además desarrollar servicios básicos universales como la vivienda, la alimentación, el agua, la energía, la sanidad, la educación, el transporte y los cuidados, que hoy son objeto de especulación por el capital financiero.  En segundo lugar, una Renta Básica de Cuidados que reconozca el trabajo reproductivo, lo redistribuya y reduzca la dependencia del empleo en sectores destructivos, fortaleciendo así la capacidad colectiva de atender a la base material y relacional de la vida. La combinación de estas dos políticas permite reducir la dependencia en el mercado para la satisfacción de necesidades básicas, trasladando poder desde el mercado capitalista hacia esferas públicas, comunitarias y domésticas autónomas. Se trata de un enfoque que permite redirigir las capacidades colectivas para que las necesidades básicas no dependa del modelo de crecimiento basado en combustibles fósiles.

En tercer lugar, los Planes de Transición Justa permiten contextualizar estas políticas universales en cada territorio. Los planes actuales, como en el caso de España en forma de Convenios de Transición Justa, son necesarios pero insuficientes si no se acompañan de políticas universales de este tipo. Para ser verdaderamente transformadores, deben cuestionar la propiedad privada de los medios de producción y fomentar formas públicas, comunitarias o público-comunitarias de organización económica. Si ampliamos el concepto de clase trabajadora para incluir todas las actividades que sostienen la vida, la distinción entre producción y reproducción acaba perdiendo sentido. Esto implica un cambio fundamental desde una economía orientada al lucro hacia una centrada en el cuidado y el sostenimiento de la vida.

Desde Research & Degrowth seguiremos trabajando en este marco de propuestas, desde un movimiento de solidaridad internacional que nos permita crear alianzas amplias para dejar los fósiles bajo tierra, estabilizar el clima y hacer posibles vidas dignas para todas las personas en este único planeta que compartimos.