Ana Díaz-Vidal
La propuesta de la presidencia de la COP 31 solo será efectiva si prioriza la reducción de la demanda, exige electricidad renovable y reparte la carga de manera justa.
Esta semana, en Antalya, la presidencia de la COP 31 ha pedido a los gobiernos que se comprometan al 35 por 35. La idea es elevar la electricidad desde algo menos de una cuarta parte de la energía final global hasta el 35% en 2035, un salto que, según admite el propio presidente de la conferencia, las tendencias actuales no lograrán, aunque la AIE lo califica de factible. España lo ha respaldado con un matiz que su Ministerio para la Transición Ecológica repite estos días: electrificar debe servir para sustituir carbón, petróleo y gas, no para prolongar su uso. Y España tiene una razón añadida para ser exigente: su plan nacional de energía y clima ya fija un 35% de electrificación para 2030, cinco años antes que la meta mundial, ligado a un 81% de electricidad renovable y a un 48% de renovables en la energía final. Firmar el 35 por 35 no le pide nada que no se haya comprometido ya a hacer; la cuestión, por tanto, no es si debe sumarse, sino bajo qué condiciones. Tras la COP 28 sostuvimos que un objetivo medido en gigavatios, como es el objetivo de triplicar la capacidad instalada de renovables, ignoraba el problema del consumo fósil; el 35 por 35 corre el riesgo de repetir ese error. Este artículo esboza tres matices que España debería exigir y que deberían escribirse en el texto del compromiso y no quedar a merced de la buena voluntad de los países.
Primero, reducción de la demanda
El 35% de electrificación que se propone es una fracción, y como tal, su coeficiente puede aumentar de dos maneras. Podemos aumentarlo generando más o consumiendo menos, y la segunda vía es siempre más rápida. La conversación de Antalya gira casi por completo en torno a consumir más (más transmisión, más almacenamiento, más gigavatios), mientras se habla muy poco de la otra mitad de la fracción: la energía fósil que quemamos en sectores dañinos. De hecho, se estima que solo un cuarto de la energía final en el Norte Global se dedica a producción esencial.
La historia se repite. Después de la COP 28, las renovables siguieron creciendo a un ritmo récord, pero su peso en lo que realmente consumimos avanzó despacio, porque la demanda siguió creciendo a un ritmo más rápido. El crecimiento de la capacidad instalada es insuficiente si consumimos más cada año. Si el objetivo es subir la cuota eléctrica, la vía más directa es reducir la parte fósil del denominador. El consumo evitado, y no la nueva capacidad, debe ser la vía principal.
¿Qué consumo debe desaparecer? El IPCC ha sido claro en que el mayor potencial para evitar emisiones está en manos de una pequeña parte de los hogares más emisores que concentra una porción desproporcionada de las emisiones de consumo. Centrar la producción en necesidades fundamentales, reducir la aviación de larga distancia y diseñar ciudades para que la gente pueda caminar, pedalear y usar el transporte público son otras palancas importantes, al igual que la transición agroecológica y la regeneración de ecosistemas. Poner fin al dinero público que mantiene baratos los combustibles fósiles, con subsidios de billones de dólares al año si se cuenta el apoyo indirecto, es la acción más evidente, aunque debe hacerse siguiendo los principios de una transición justa.
Por tanto, la propuesta de la presidencia de la COP 31 debe incorporar esfuerzos para reducir el consumo absoluto, con un enfoque en consumo fósil, además del esfuerzo por aumentar la cuota eléctrica.
Electricidad renovable: Mover las emisiones no basta
Electrificar sin renovables es mover las emisiones del tubo de escape a la chimenea de la central. Los datos permiten comprobar hasta dónde es cierto. En el nuevo Renewables-Based Economy Tracker de REN21, que se apoya en datos de la AIE para 128 países, tan solo ocho alcanzan o superan ya el 35% de electricidad en su energía final. En el conjunto de la muestra, la relación entre electrificación y renovables resulta sorprendentemente débil. Un compromiso que solo cuenta electrones sin mirar su color, puede cumplirse, por tanto, en países que apenas han empezado la transición hacia las renovables.
En España, más de la mitad de la producción eléctrica es ya renovable y el país lleva cuatro años seguidos como exportador neto. Sin embargo la electricidad sigue siendo solo una cuarta parte de la energía final, muy por debajo del 35% que su propio plan nacional fija para 2030, un objetivo que, a diferencia del mundial, ya nace ligado a un 81% de electricidad renovable.
A nivel mundial, aunque la eólica y la solar cubrieron casi todo el aumento de la demanda eléctrica en 2025, casi seis de cada diez unidades de electricidad se siguen generando con combustibles fósiles.
De ahí el segundo matiz: la electricidad que cuente para el 35% debería ser renovable. Algunas voces críticas ya han señalado que, tal como está redactado, el compromiso no exige que la electricidad adicional sea renovable.
Puntos de partida desiguales: La solidaridad no es opcional
De los 128 países del tracker de energías renovables de REN21, veinte tienen la electricidad por debajo del 10% de su energía final, y diecisiete de ellos están en el África subsahariana. En el mundo, 655 millones de personas siguen sin electricidad, la mayoría en esa región. Para estos países, electrificar no es sustituir sino acceder a la energía. Y en algunos casos, no les falta potencial solar y eólico, les falta financiación. Etiopía, que acogerá la COP32, ya genera con renovables toda su electricidad, y aun así la electricidad es solo el 3% del consumo final energético.
La financiación está lejos de estar a la altura. El dinero público internacional para energía limpia en países en desarrollo es insuficiente, disminuyó en 2025 y llega en su mayoría como préstamos y no como donaciones. La UE ha dicho que mantendrá su objetivo vigente de financiación climática para 2035, pero sin nuevas promesas. Un objetivo global que no considera los puntos de partida diferenciados reproducirá las desigualdades existentes.
Aquí es donde los países con ventaja pueden mostrar qué significa liderar. España se comprometió en Sevilla a alcanzar el 0,7% de su renta nacional en ayuda al desarrollo en 2030 y ha anunciado cientos de millones de euros para la acción climática, compromisos reales pero modestos. Un compromiso justo pediría a los países con redes limpias y capacidad financiera ir más allá del 35% o llegar antes, como España con su meta de 2030, dando espacio a las metas diferenciadas que prioricen el acceso a la energía y abriendo una ventana de financiación basada en donaciones, no sólo en préstamos.
Conclusión
Está claro que el 35% es un indicador. Pero es un indicador que no distingue el carbón del sol, que premia el crecimiento de la demanda y que ignora el punto de partida de cada país. España tiene autoridad para exigir matices: una meta nacional del 35% para 2030 que es renovable por diseño y un historial de cooperación. Pero para convertir el 35 por 35 en un compromiso ambicioso, necesitamos priorizar la reducción de la demanda fósil, exigir que la nueva electricidad sea renovable y acompañar la ambición con mecanismos robustos de solidaridad.
Las opiniones expresadas en el texto no reflejan necesariamente las de R&Di, sino que son las del autor.
Sobre la autora
Ana Díaz-Vidal es investigadora predoctoral en la Universidad de Barcelona, parte del proyecto europeo Models, Assessments and Policies for Sustainability y miembro de Research and Degrowth.